En los próximos días los Gobiernos de la Unión Europea va a aprobar un conjunto de medidas, denominado Pacto del Euro, para combatir la crisis y el problema de la deuda soberana.
Este pacto es suma y sigue al recorte de derechos ciudadanos al que han obligado a practicar a los países periféricos del euro (Grecia, Irlanda, Portugal, España…) y marca las líneas maestras de las políticas económicas coordinadas que los gobiernos europeos van a aplicar en los próximos años.
En primer lugar, el pacto establece un sistema permanente de revisión de las pensiones según la esperanza de vida. En otras palabras: aumento gradual de la edad de jubilación (vamos por los 67) y la reducción de la cuantía de las pensiones al ampliarse el número de años para su cómputo (en España hemos pasado de los 15 últimos años de cotización a los 25).
Otra de las propuestas, contradictoria en si misma, es reducir las cotizaciones a la Seguridad Social, como reclaman los empresarios. Si, como en el caso de España, las cotizaciones sirven para pagar nuestra jubilación y las reducimos, ¿de dónde va a salir el dinero?
Si para mantener el estado del bienestar; es decir, los derechos sociales de todos los ciudadanos, la Unión Europea debe ingresar más dinero, que persigan el fraude fiscal, graven las transacciones especulativas, luchen contra los paraísos fiscales y, de paso, exijan responsabilidades a quienes han provocado la actual crisis con sus prácticas económicas temerarias. Pero claro, resulta mucho más sencillo hacer pagar la crisis a los ciudadanos/asalariados/contribuyentes que a los poderes económicos que controlan la política.
La reforma del mercado de trabajo está por convertirse en la canción del verano. Los empresarios la cantan sin parar: “hay que profundizar en la reformas, flexibilizar, aumentar competitividad… En España, presionada por eso que se viene en llamar “los mercados” (todos sabemos quiénes son) vamos por la enésima reforma. Con la primera se ha abaratado el despido, pero ni ha creado empleo ni ha convertido el temporal en indefinido, y con la actual se ha puesto a los trabajadores al libre albedrío de las empresas. A partir de ahora los convenios de empresa prevalecen sobre los sectoriales. La empresa podrá negociar/imponer condiciones laborales por debajo de los mínimos que hasta ahora marcaban los convenios sectoriales. Con la actual crisis basta con la amenaza de despidos para que los representantes de los trabajadores en cada empresa renuncien a derechos con tal de no perder el empleo.
Otra vuelta de tuerca es que los salarios no van a estar ligados a los precios, a la subida del IPC, sino a la productividad. Si la empresa va mal, los trabajadores se bajan el sueldo, y si va bien se aprovecha que hay beneficio para reducir costes/aumentar productividad (prejubilaciones y despidos) y repartir un suculento bonus entre sus directivos.
En otro orden de cosas, como hay que ingresar más, la UE propone a sus Estados miembros que suban el IVA. Este impuesto es el más regresivo e injusto del sistema impositivo: es un impuesto indirecto que grava por igual al parado y al multimillonario, al mileurista y al que ingresa un millón, ya que se aplica sobre todos los productos que adquirimos. En España hemos pasado del 15 al 18%, y es probable que la tendencia siga en el futuro.
La política fiscal, para ser justa y equitativa, debe ser progresiva: pagar más el que más tiene (los impuestos directos: IRPF y Patrimonio); esto obviamente no es del agrado de las grandes fortunas, que siempre aplican el chantaje de llevarse su dinero a otros países (¿quién no tiene una cuenta en un paraíso fiscal?). Sin olvidarnos de que pague más quien más contamina, mediante una adecuada política de ecotasas.
Parafraseando al maestro José Luis Sampedro propongo en vez de productividad, vitalidad; en vez de competitividad, cooperación, y frente a esa innovación que consiste en inventar cosas para venderlas, creación.
Por una Europa de los ciudadanos y no de los mercaderes.
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