martes, 12 de octubre de 2010

Una solución progresista a la crisis del sistema de pensiones.

Si hace unos meses acapararon la atención de los medios con sus propuestas para abaratar el coste del despido en España, el grupo de los llamados 100 economistas ataca de nuevo con un manifiesto neoliberal para socavar y reducir el sistema público de pensiones.

Los argumentos de este grupo y tantos otros no son nuevos. Son uno más de los cientos de informes y propuestas financiadas por la banca y las compañías de seguros atemorizando con la inviabilidad del sistema público de pensiones a fin de engordar y comercializar sus planes de pensiones privados.

Sobre la sesgada ideología de estos 100 no me voy a detener pero ninguno de los firmantes predijo la crisis financiera que hemos estado sufriendo y ahora están pontificando en cómo resolverla; claro está, del lado de los mismos neoliberales que la provocaron.

A mi juicio, la solución a la crisis del sistema de pensiones NO PASA POR, como promulgan estos 100:

· Congelar la pensión a los abuelos
· Ampliar la base de cálculo a toda la vida laboral
· Alargar la edad de jubilación (si es posible, hacerla coincidir con la fecha de fallecimiento…)

LA SOLUCION SI ES:

Eliminar los topes salariales mediante un sistema progresivo de cotización a la Seguridad Social

Es escandaloso, por citar un ejemplo, que el presidente del banco más grande de España cotice mensualmente a la Seguridad Social una cantidad semejante a la de un trabajador cualificado en su banco que ingresa quinientas veces menos que él. Esto no es solidario ni redistributivo, deben regir los mismos principios de progresividad que en el sistema impositivo.

Veamos sus falaces argumentos y el error en su tesis.

Falacia 1. El número de trabajadores cotizantes por pensionista irá descendiendo haciendo inviable el sistema.

Analicemos dónde está el error de esta tesis. Y para ello, vayamos a una actividad económica, la agricultura, que ilustra donde se encuentra aquel error. Hace cincuenta años, el 30% de la población activa en España trabajaba en la agricultura alimentando a toda la población española. Hoy sólo el 3% trabaja en la agricultura y, como consecuencia del enorme aumento de la productividad, los trabajadores agrícolas producen más alimentos que hace cincuenta años, de manera tal que el estado incluso les subvenciona para que no produzcan más. En vista de esta situación, es fácil ver lo absurdo que hubiera sido si hace cincuenta años algunos economistas hubieran alarmado a la población, indicando que la predecible bajada del número de trabajadores en el campo significaría que dentro de cincuenta años no habría suficientes trabajadores agrícolas para alimentar a la población y, como resultado, la gente moriría de hambre.
El enorme fallo de aquellos argumentos alarmistas es que sus proponentes olvidaron el crecimiento de la productividad y el impacto que tal crecimiento tendría en la producción del alimento por trabajador. Hoy un trabajador agrícola hace lo que hacían diez trabajadores hace cincuenta años. Y es probable que en cincuenta años, a partir de ahora, se produzca al menos diez veces más, pues el crecimiento de productividad históricamente ha sido muy acentuado.
Sustituyamos donde pone alimentos por pensiones y se verá lo absurdo que es el argumento que se utiliza constantemente de que las pensiones son insostenibles porque dentro de cincuenta años tendremos sólo un trabajador cotizante que pague la pensión de un jubilado, cuando hoy se necesitan tres.
Se dice que, puesto que ahora se necesitan tres trabajadores por pensionista, al incrementar el número de pensionistas, dentro de cincuenta años tendremos sólo un trabajador por pensionista, lo cual es insostenible, ignorando que en 2060, consecuencia del incremento de la productividad, un trabajador podrá sostener a un pensionista (e incluso a más de uno).
Falacia 2. El cálculo de que dentro de cincuenta años España se gastará en pensiones el 15% del PIB, casi el doble de lo que se gastó en 2007, el 8% del PIB. De estas cifras se concluye que el país no puede sostener tal crecimiento del gasto, pues reduciría considerablemente los recursos para los no pensionistas.

Tal alarma es injustificada, pues también ignora el impacto del crecimiento de la productividad en el PIB. Veamos los datos. Supongamos que la productividad creciera un 1,5% por año, una cifra razonable. Es el promedio de crecimiento de la productividad en España de los últimos cincuenta años. "Ello implica que si el PIB de España fuera 100 ahora, en el año 2060, el PIB habría crecido 2,25 veces, siendo 225 (valorado en moneda constante: en realidad el crecimiento en moneda real será incluso mucho mayor al incluir la inflación).
Pues bien, si en el año 2007 nos gastamos el 8% del PIB en pensiones (es decir, 8 de 100), según aquellas predicciones alarmistas en el año 2060 nos gastaremos el 15% del PIB en pensiones (sobre 225 unidades significa 33 unidades). Pero fíjense que ello quiere decir que en el 2007 nos quedaban 100-8= 92 unidades para los no pensionistas, mientras que en el 2060 quedarán para los no pensionistas una cifra incluso mucho mayor 225-33=192, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB en pensiones sea entonces mucho más elevado (15%) que en el 2008 (8%). De ahí que las alarmas que constantemente se dan al hecho de que el porcentaje del PIB en las pensiones se pueda doblar dentro de cincuenta años, no tiene ninguna base para preocuparnos.
En realidad, hace cincuenta años, España se gastaba en pensiones el 3%. Y ya entonces había economistas que decían que el sistema de pensiones públicas era insostenible, y que a la larga el sistema colapsaría. Pues bien, ahora se gasta más del doble (8%) y no hay ninguna crisis, y la Seguridad Social tiene un superávit.

No hay, pues, un problema de viabilidad de las pensiones públicas. Sí lo hay, por cierto, en las pensiones privadas, donde la gran mayoría tiene rentabilidades negativas. De ahí la masiva movilización de la banca, dirigida por su gobernador cuestionando la sostenibilidad de las pensiones públicas.

p.d.: parte de mis argumentaciones se apoyan en diversos estudios realizados por el catedrático de Políticas Públicas Vicenç Navarro de la Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy de The Johns Hopkins University.