Democracia secuestrada, ciudadano (atrevido) en busca de partido que lo represente

Con la actual crisis, parece claro que el poder político ha hecho aún más si cabe dejadez de sus funciones en pro de la consolidación del poder de la gran banca financiera privada y de los multimillonarios fondos de inversión gestionados por ésta. Los llamados mercados financieros, son el brazo especulativo, con el que el poder económico chantajea a los gobiernos (vía su deuda soberana) exigiéndoles la aplicación de duros planes de ajuste que ninguno de nosotros hemos votado ni figuraba en los programas electorales de los partidos gobernantes.

Como hace pocos días señalaba el periodística iñaki gabilondo, vivimos en una dictadura: la dictadura del dinero y del “tanto tienes, tanto mandas”. Nuestra democracia se ha convertido en una veladura, una apariencia de sí misma que protege y ampara a los que realmente mandan.

Este estado de democracia secuestrada no es inevitable, tenemos alternativas. Conviene recordar cómo hemos llegado a este estado.

¿Por qué nos hemos endeudado tanto?
Por un lado, la deuda pública en España ha crecidoa consecuencia de la crisis y sus causantes, mediante un bucle especulativo propiciado por la gran banca y fondos de inversión; consecuencia, a su vez, de los rescates bancarios y de los rescates a países de nuestro entorno. Por otro, sistemáticamente, en las últimas legislaturas con gobiernos del partido popular y del partido socialista se ha optado por rebajar los impuestos favoreciendo a las clases más adineradas. Si defendemos el mantenimiento del estado del bienestar (salud, educación, prestaciones desempleo, etc.) y por el contrario reducimos los ingresos del estado, éste se vuelve deficitario y se ve obligado a pedir prestado. Casualmente este dinero lo prestan las entidades financieras y grandes fortunas que han generado ahorro gracias a la reducción de impuestos. No sólo pagan menos, además generan lucrativos intereses prestando al estado español.

La Unión Europea, ¿solución o problema?
Lejos de la unión política, que verdaderamente solucionaría muchos de los problemas actuales, la unión monetaria (el euro) no ha sido igualmente beneficiosa para todos. Unos, los estados centrales de la unión, se han visto favorecidos por un mercado único donde colocar sus productos con ventaja competitiva; otros, los estados periféricos, han visto desmantelada su industria y a cambio han tenido una avalancha de dinero barato con el que endeudarse y participar en la fiesta consumista europea. A tal fin, los estados miembros han delegado parte de su soberanía al gobierno de la unión, donde la capacidad de decisión de los ciudadanos está muy limitada, mientras que los lobbys del poder económico ejercen una adecuada presión y orientación en las políticas europeas.
Además, como miembros del euro, los estados han perdido su independencia para gestionar su política económica y la han entregado a un grupo de tecnócratas neoliberales (banco central europeo) que no han sido elegidos por los ciudadanos y que ni tan siquiera rinden cuentas ante el parlamento europeo. Estos tecnócratas, auto-investidos de asepsia económica e imparcialidad, toman decisiones cuyos costes se reparten de una manera desigual: favorecen a la clase dominante (bancos, fondos de inversión y “eje franco-alemán”) en detrimento de las políticas que amparan a la mayoría de los ciudadanos de la Unión Europea.

España, sin banca pública y sin empresas públicas, vapuleada por los mercados
Desde 1985 hasta el año 2000 en España se han privatizado un total de 117 empresas públicas. El proceso lo comenzó el partido socialista, pero lo continuó con alegría el partido popular. Se vendieron las empresas más rentables como repsol, gas natural, telefónica o argentaria, y se mantuvieron las empresas menos rentables y que no encontraban compradores. Además en muchos casos se malvendieron a través de procesos que incluían una valoración de los activos públicos muy inferior a la que deberían haber tenido, lo que suponía una transferencia automática de dinero desde el sistema público hacia la empresa privada.
La mayoría de las privatizaciones se hicieron para reducir el déficit y para de esa forma poder satisfacer los criterios de entrada a la Unión Europea. Los gobiernos sacrificaron ingresos futuros a cambio de ingresos actuales y sacrificaron herramientas de control de la economía. Herramientas que permitirían ahora capear mucho mejor el temporal de la crisis.
Basta imaginar si el inmenso poder que tienen los mercados y los bancos sería el mismo en caso de que el estado español dispusiese de una gran banca pública y de un entramado rentable de empresas públicas. Es obvio que su fortaleza le haría mucho más inaccesible a los ataques de los mercados, que ven en la debilidad del estado la oportunidad perfecta para explotar nuevas posibilidades de negocio. De hecho, si especulan contra Grecia, Portugal y España no es porque haya fuertes fundamentos económicos sino porque son elementos vulnerables en el espacio económico europeo.

A grandes males, más poder democrático y más control del poder económico
Las próximas elecciones nos brindan la oportunidad de dotarnos de representantes capaces y competentes, dado que el actual bipartidismo ni se lo plantea, con voluntad política de recuperar a la democracia de su secuestro y propiciar un cambio del modelo productivo:

· Hay que desarrollar una auténtica democracia participativa y prospectiva con máxima transparencia de las actuaciones públicas, un sistema electoral en el que el voto ciudadano valga igual en cualquier parte del país (sin barreras de entrada a nuevas formaciones políticas) y tolerancia cero con la corrupción.
· Cambio del modelo económico y productivo hacia una economía realmente sostenible que tenga por objetivo el bienestar, la equidad social y el consumo responsable. Para ello es preciso construir una verdadera banca pública que nos permita no sólo dirigir el cambio del modelo productivo sino también ejercer de contrapeso al excesivo poder económico de la banca comercial, conformar con todas las entidades rescatadas por el FROB un sistema financiero público que genere crédito a pymes y ciudadanos. Fomento de los empleos verdes y las actividades sectoriales emergentes, como las energías renovables, la rehabilitación de edificios, y la agricultura y ganadería ecológicas. Política clara de inversión en i+d+i evitando la fuga de cerebros. España forma excelentes investigadores, ¿por qué dejamos que su potencial se desarrolle en otros países?
· Recuperar los derechos laborales, malvendidos por la presión de los mercados, democratizar las empresas haciendo que rindan cuentas sobre su responsabilidad social y medioambiental; reorientar el trabajo haciéndolo compatible con el desarrollo integral de las personas, ganar tiempo de ocio para vivir de forma sostenible (romper el círculo de vivir para trabajar, trabajar para ganar y ganar para consumir); reducción progresiva de la jornada laboral/vida laboral, hasta cumplir todas las necesidades de empleo de la ciudadanía como medida efectiva de redistribución de la riqueza y del trabajo, garantizando un salario justo; cobertura plena de los desempleados mediante una renta básica de subsistencia mientras no tengan empleo, ligada a la obligatoriedad de formación y reconversión al nuevo modelo económico.
· Una reforma fiscal progresiva y adecuada a la consolidación del estado del bienestar, mediante acciones contundentes contra el fraude, la economía sumergida y la corrupción. Fiscalidad medioambiental: el que contamina, paga; reducción progresiva de imposición a pymes y autónomos, ligados al nuevo modelo económico; reducción progresiva de la imposición indirecta (IVA) y aumento progresivo de los tramos IRPF, para lograr objetivos de equidad social; eliminación de exenciones fiscales a la iglesia católica y prerrogativa de inmatriculación de bienes; recuperación de la competencia a nivel nacional del impuesto de sucesiones y donaciones, con un tramo exento; eliminación consensuada con la UE de las SICAV y mientras, endurecimiento de su sistema de tributación actual (las grandes fortunas que utilizan SICAVs tributan al 1%).
· Persecución de la fuga de capitales españoles a paraísos fiscales. Difusión del nombre de empresas y personas españolas presentes en paraísos fiscales, para poner en cuestión su reputación; prohibición de adjudicación de contratos públicos a empresas con presencia en paraísos fiscales; considerar como delito fiscal la negativa de cualquier entidad extranjera a informar a la hacienda pública española de las cuentas de contribuyentes españoles en paraísos fiscales; rechazo a aceptar como gasto deducible en el impuesto de sociedades cualquier transferencia o pago que directa o indirectamente vaya a un paraíso fiscal.
· Control de los mercados financieros, transparencia de las actividades bancarias. Subordinación del poder financiero al poder democrático; separación de actividades de inversión y especulativas: evitar la utilización de depósitos de los ahorradores para generación de operaciones especulativas y por el contrario favorecer el flujo de crédito a la economía productiva; exigencia de responsabilidades penales y patrimoniales a gestores financieros, agencias de calificación e instituciones de supervisión por la mala gestión del sistema financiero, desencadenante de la crisis.
· Más y mejor Europa. Instituciones europeas sujetas al control democrático de los ciudadanos de la Unión: elección directa del Gobierno de la Unión por los ciudadanos y no por negociación política entre los gobiernos de los países miembros. Reorientación de las políticas económicas y financieras de la Unión al mantenimiento y refuerzo del estado del bienestar y al desarrollo sostenible de todos los países miembros. Cierre de paraísos fiscales; mientras, instauración de un impuesto europeo (ligado al presupuesto de la Unión) que penalice con rigor los movimientos financieros con los paraísos fiscales. Establecimiento de impuestos que graven y limiten los movimientos especulativos de capital (90% de las transacciones financieras internacionales), promoviendo la economía productiva y la lucha contra el fraude fiscal.
· Cooperación mundial, ayuda al desarrollo. Cumplimiento de los objetivos de Desarrollo del Milenio y del Pacto de Estado contra la Pobreza, alcanzando en 2015 el 0,7% para ayuda oficial al desarrollo.

¿Qué fuerza política llevará a cabo esto?
¡Votante atrevido en busca de partido que lo represente!